Desde 2007 el comisario Juan Patrono Barrera les obligaba a cooperar para las fiestas católicas patronales, amenzándoles que de no hacerlo les cortaría el suministro del servicio eléctrico. Pero el que ha perjudicado severamente a estas familias ha sido el actual comisario, de nombre Margarito Zeferino Rodríguez, cortándoles el suministro de agua.

Muchas veces estas familias han sido amenazadas de ser colgadas por sus creencias religiosas, y lo peor del caso es que el presidente municipal -Héctor Romeo Torres Ortega- ha tenido conocimiento de estos actos de intolerancia y no ha hecho nada al respecto. Incluso el sindico procurador julio Jiménez Barrera, favoreció la conducta de los funcionarios antes mencionados, hasta el punto de decir que era obligatorio obedecer los usos y costumbres de la comunidad.

La Barra Nacional de Abogados Cristianos ha exigido al gobernador constitucional del Estado de Guerrero que tome cartas en el asunto y evite que sigan este tipo de atropellos a los derechos humanos y constitucionales.

Como se recordará en un asunto similar en Chiepetlan, el presidente de Tlapa mencionó que las leyes pueden emanar de esa comunidad y que ninguna otra autoridad puede intervenir en su toma de decisiones. Ahora resulta que ya no es necesario que la cámara de diputados sea la que apruebe las iniciativas sino que lo puede hacer cualquiera que ejerza algún cargo público.