Neme describió que los perpetradores del ilícito aparentemente entraron por el techo en la parte posterior del edificio antes de las 3 AM y arrancaron el alambrado del sistema de alarma; aunque ésta se activó, se llevaron computadores y teléfonos, saqueando además un escritorio donde se coordina un programa de protección a personas en riesgo.
Testigos informaron que pronto después de la usurpación a la sede de Justapaz, agentes de la policía detuvieron temporalmente a dos hombres con una CPU en las inmediaciones del edificio, “pero sin información hasta la presente sobre si los mantuvieron en detención o si rescataron la CPU; la policía luego de una revisión del predio indicó que no había huellas digitales pese a que el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía tardó casi seis horas en llegar” declaró Neme.
La directora de Justapaz advirtió que la violación sucede 12 días después de una irrupción y hurto de un computador de la organización Movimiento de Reconciliación (Fellowship of Reconciliation) que hace acompañamiento a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en Antioquia.
En enero pasado también fue violada la oficina de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz y fue hurtado el computador con información importante sobre personas y organizaciones participantes, el registro fotográfico, y las actividades realizadas.
Neme señaló que el atentado contra la sede de Justapaz “repite el patrón de violación que evidencia un conocimiento preciso de la oficina y procedimientos sofisticados para acceder a determinada información, y se presta para incrementar el riesgo a las personas e iglesias documentadas”.
“Es significativo que la primera vez que una Iglesia es el objeto de esta modalidad de acción contra el trabajo por la paz, los derechos humanos y la seguridad de víctimas y potenciales testigos de violaciones, se da en el marco de la política de seguridad democrática del gobierno, y de la renuencia del Congreso de los Estados Unidos a aprobar el Tratado de Libre Comercio con Colombia, en parte por el cuestionamiento a la defensa de los derechos humanos por parte de este gobierno”, añadió Neme.
La dirigente puntualizó que Justapaz y la Iglesia Cristiana Menonita de Colombia reafirman su compromiso con la no violencia, la justicia y la paz, la cual entienden ser parte de su llamado a vivir y trabajar por la visión de Dios reflejada en una sociedad que resuelve sus diferencias en forma no violenta, garantiza la vida digna para todas y todos, protege a las víctimas de toda acción armada.
Neme hizo un llamado a realizar acciones y solicitar de las autoridades pertinentes tomar todos los pasos conducentes a la identificar y responsabilizar a los autores materiales e intelectuales de este hecho
y de otros ya denunciados. Pidió también que se tome una posición clara de rechazo a este crimen y se respete el trabajo de organizaciones e iglesias por los derechos humanos, la paz, y los procesos sociales, aplicando plenamente las garantías constitucionales y los tratados internacionales pertinentes de las cuales Colombia es signataria.
Justapaz solicita a los gobiernos de otros países que se comuniquen con el gobierno colombiano apoyando las anteriores solicitudes, y que tengan en cuenta las exigencias para la defensa de derechos humanos al momento de revisar la naturaleza de su apoyo y acuerdos con Colombia.
William Delgado, BOGOTá, Colombia
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