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CIUDAD DE MéXICO, México, Marzo 28, 2007 (ALC)

López es evangélico y vive en Ocosingo, Chiapas, uno de los estados mexicanos más golpeados por la intolerancia y la discriminación religiosa.

Relató al medio periodístico que ya ha sido desterrado en dos ocasiones por profesar su religión. Dice que las autoridades quieren ahora convertir los problemas de intolerancia religiosa en conflictos agrarios «y yo sigo sufriendo porque no me dan mi libertad de creencia».

 Alfonso Farrera, presidente de la Barra Nacional de Abogados Cristianos, quien recientemente presentó un  proyecto para evitar la discriminación por motivos religiosos de creencia, informó que hay alrededor de 200 casos de intolerancia religiosa en las regiones indígenas.

La CNDH aseguró, según informa la periodista Liliana Alcántara, que dará seguimiento a las quejas, solicitará información a las autoridades correspondientes y, en su caso, emitirá una recomendación.

Los casos de discriminación, violencia y hasta desplazamiento aparecen en repetidas ocasiones en distintos estados. El diario relata el caso de Fortunato Velasco Pérez y su familia quien también tuvo que huir de su tierra. «Vivía en el pueblo Campo Grande hasta que se convirtió en pentecostal y la población lo supo cuando le pidieron su cooperación para organizar las fiestas religiosas católicas y él se negó. En octubre del año pasado le cortaron el servicio de energía eléctrica y agua potable, después le impusieron multas y dos de sus hijos fueron detenidos durante tres días por causas injustificadas. Fue así como decidió desplazarse y ahora vive en el municipio de Teopisca, lejos de su ejido».

Otro caso sucedió el 11 de febrero pasado cuando tres evangélicos de San Juan Chamula fueron encarcelados durante 24 horas «por haber invitado al poblado a personas que procesan la religión protestante», pues la Barra Nacional de Abogados Cristianos asegura que entre los chamulas esta situación es un crimen. Además fueron multados con 5 mil pesos cada uno, según el Consejo Interreligioso de Chiapas.

La Barra Nacional de Abogados Católicos aseguró que todas estas denuncias fueron archivadas por las autoridades, por lo que solicitó la intervención de la CNDH a fin de investigar y sancionar a los responsables.