México., (ORBITA).- La Barra Nacional de Abogados Cristianos Organismo No Gubernamental exige la renuncia de Jorge Alberto Lanz Garrido, por considerar que las decisiones y los actos de Gobierno que ha asumido en los casos de Intolerancia y Persecución Religiosa, han favorecido exclusivamente a grupos católicos. El actual Subsecretario de Asuntos Religiosos del Estado de Chiapas, ha sido un “defensor de oficio”, de autoridades locales y grupos católicos en comunidades indígenas, obstruyendo la imparticiòn de justicia en casos específicos.
Desde que Lanz Garrido asumió su cargo, se han incrementado los casos de violación a los derechos humanos -por motivos religiosos- de cristianos evangélicos en esa entidad, así como la impunidad de todas aquellas personas que han sido denunciadas, incluso firmando “acuerdos” que sólo benefician a miembros de su filiación religiosa.
El funcionario ha comprometido a evangélicos indígenas a firmar documentos que los colocan en situaciones desventajosas, e induciéndolos para desistirse de las denuncias penales, actitud que ha provocado un descontento en el liderazgo de las Iglesia Evangélicas Cristianas a nivel nacional.
CASOS DE NEGLIGENCIA Y DOLO
El pasado mes de agosto en la comunidad de Santa Rita, municipio de La Trinitaria, al menos 10 familias de distintas Iglesias No Católicas sufrieron la destrucción de sus parcelas a manos de unos 250 católicos. Se levantó la averiguación previa número 000594/CAJ4-1/2007
Los agredidos, encabezados por el pastor de la denominación “Asambleas de Dios”, Adán Aguilar Pérez, interpusieron la queja ante la Subsecretaría de Asuntos Religiosos en Chiapas, por lo que el mismo Lanz Garrido atendió el asunto, firmando un “acuerdo” en el que los católicos se comprometían a no agredir a sus vecinos, a sus familias y a respetar las propiedades.
El funcionario exigió a cambio de avalar dicho documento, que se retiraran las denuncias penales que había desde hace más un año en contra de los agresores, a lo que el pastor Aguilar Pérez accedió. Un mes después, los católicos cercaron con alambre las parcelas impidiendo el acceso de sus legítimos propietarios para el cultivo y siembra de las tierras.
Lanz Garrido pretendió turnar el caso a la Procuraduría Agraria, declarándose “incompetente” para resolver el conflicto, que pasó de ser religioso a un “asunto agrario”.
En mayo de este año, el mismo funcionario exhortó a un grupo de cristianos, al margen de sus atribuciones, a utilizar un templo en la comunidad de Nichnamtic, Municipio de San Juan Chamula.
En julio pasado, Lanz Garrido fue testigo de la destrucción de dicho inmueble religioso y el secuestro de varios evangélicos en esa localidad, a pesar de que en reiteradas ocasiones se solicitó su presencia, pues los católicos amenazaban con asesinar a los evangélicos.
Luego de un aparatoso rescate, se logró la detención de 14 católicos que fueron llevados a una cárcel de alta seguridad, pero se “sugirió” a los denunciantes que no utilizaran el término “privación ilegal de la libertad” en las declaraciones, y en su lugar se asentara que estaban solamente “retenidos”, término no contemplado como un delito en esa entidad, por lo que Jorge Lanz pudo fácilmente llegar a un “arreglo”: poner en libertad a los católicos, mediante el “amplio perdón” de los evangélicos y pagar 450 mil pesos para reconstruir el templo.
Hoy esa localidad, como muchas otras en Chiapas, está al borde de nuevos conflictos religiosos que seguramente se convertirán en actos de violencia.
PETICIóN FORMAL
Se interpuso ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Chiapas, una queja en contra de Jorge Lanz Garrido, por la violación a los derechos humanos de los indígenas cristianos evangélicos, al tiempo que ha sido denunciado de manera penal ante el Ministerio de Justicia del Estado de Chiapas, con base en el Artículo 324 del Código Penal de la Entidad.
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