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Por Julio A, Carles R. PANAMá, 29 de mayo (ALC).-Después de 32 meses de pujas internas en la Asamblea Nacional Panameña, el cabildeo del diputado evangélico Vladimir Herrera logró que sus colegas aprobaran, en tercer debate, el proyecto que declara septiembre mes de las Sagradas Escrituras.

Si la norma que recibió el respaldo unánime de los diputados es sancionada por el Presidente, los panameños deberán participar cada noveno mes del año de actividades que promuevan las Sagradas Escrituras en entidades públicas, municipios y escuelas.

Sin embargo, el proyecto ha revivido entre juristas, religiosos y políticos la vieja polémica sobre la libertad de culto y el Estado laico.

Para el constitucionalista Jorge Giannareas, la norma deja de lado una concepción más amplia de la espiritualidad de las personas. «No todas las personas han formado su espiritualidad sobre la base de las sagradas escrituras(…) el culto religioso es un derecho de los individuos y no de las instituciones del Estado», cuestionó.

Giannareas añadió que el proyecto excluye a otros textos, que no están comprendidos bajo la denominación de Sagradas Escrituras, como es el caso del Corán y la Torah.

El rabino Gustavo Kraselnik considera que la religión es una manifestación de cada individuo y que el Estado no debe inmiscuirse en ese tema. «El principio es que lo religioso tiene que ver con la esfera privada y no con la esfera pública(…) Se está rompiendo ese principio», sentenció.

Kraselnik añadió que en la norma, aprobada el pasado martes, solo se cambió el título de Mes de la Biblia por el de las Sagradas Escrituras, pero se mantiene la esencia que viola la libertad de culto.

En esa misma línea se manifestó Roberto Bruneau, miembro del Comité Ecuménico. «Por la separación de Iglesia y Estado, y también por el derecho y la libertad de culto, nosotros recomendamos que se estableciera una fecha en la que se conmemoren todos los libros sagrados, de acuerdos con enseñanzas de cada texto». «El mes de las Sagradas Escrituras se refiere exclusivamente al libro de los cristianos, que es la Biblia», destacó Bruneau.

Sin embargo, el diputado panameño Herrera salió al paso de las críticas, al argumentar que el Artículo 37 de la Constitución contempla la libertad de culto pero establece una limitante, que es el respeto a la moral cristiana y al orden público. «Nosotros podemos hacer todas las Sagradas Escrituras que queramos, siempre respetando la moral cristiana y el orden público», replicó. «Para mí, las Sagradas Escrituras es la Biblia, no sé para otros que será», puntualizó.

La propuesta de solo cuatro artículos que llegó el 7 de septiembre de 2004 a la Asamblea de la mano de al menos seis diputados del movimiento evangélico, fue adversada en su momento por la diputada perredista Susana Richa de Torrijos, quien la consideraba inconstitucional. Pero, según Herrera, la diputada dio su voto a favor, tanto en la comisión como en el pleno el pasado martes.

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